La sentencia, hecha pública en la primera semana de mayo, ha sido dictada por el Juzgado de lo Penal número 6 de Granada y supone la culminación de un proceso iniciado mediante la denuncia presentada por la Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur (ACPES).

Los imputados, vecinos de municipios próximos al lugar de los hechos, han sido condenados por un delito contra la flora y la fauna tipificado en el artículo 335 del Código Penal a una pena de 8 meses multa. Además, deberán hacer frente a una indemnización de 2.000 euros para la Consejería de Medio Ambiente, la inhabilitación durante dos años para la práctica de la pesca, así como las costas procesales. En caso de impago, la sentencia contempla la privación de libertad para los tres furtivos.

Esta sentencia es pionera en España, y desde ACPES se muestran satisfechos “por el precedente que supone”. Sin embargo, en la nota de prensa hecha pública por la asociación también se lamenta “que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es el principal damnificado, no se haya siquiera personado en el procedimiento judicial”. Por contra, manifiestan su felicitación al SEPRONA “por la magnífica labor de vigilancia que lleva a cabo sobre nuestro medio natural”.