Aunque los hechos se remontan casi dos años atrás y la resolución judicial se hizo pública hace varios meses, no podemos dejar de destacar la importancia de esta noticia. Se trata de la primera sentencia penal en España por la pesca furtiva de truchas, lo que implica que los condenados podrían ir a la cárcel en caso de que no afronten la pena económica a la que han sido multados. Pero lo más relevante de todo este hecho es que quien ha llevado a los tribunales a los acusados no ha sido la Administración, sino un grupo de pescadores, concretamente ACPES, Asociación para la Conservación Piscícola y de los Ecosistemas Acuáticos del Sur, englobada a su vez en otra sociedad a nivel nacional, UNIPESCA.

El delito se produjo en agosto de 2006, cuando miembros del SEPRONA de la Guardia Civil intervinieron en un río de Sierra Nevada a tres individuos que habían capturado a mano, y posteriormente sacrificado, a 40 truchas comunes. Hay que recordar que la pesca a mano se encuentra prohibida, además de la captura de cualquier ejemplar de esta especie en toda Andalucía, donde sólo se permite la pesca sin muerte. Todo ello tuvo lugar en un cauce situado dentro de un espacio natural protegido. Pero además, la cantidad de ejemplares encautados sobrepasaba cualquier hipotético límite de capturas. Por ese motivo, los tres acusados, vecinos de un pueblo cercano, fueron condenados por un delito contra la flora y fauna que se encuentra tipificado en el artículo 335 del Código Penal.

Inicialmente se solicitaron penas de 14 meses multa, que finalmente han quedado en 8 meses multa y una indemnización de 2.000 euros para la Consejería de Medio Ambiente. Igualmente, los tres imputados han sido inhabilitados para practicar la pesca durante dos años y se harán cargo de las costas procesales, lo que suma en total unos 6.000 euros amén de la obligación de hacer efectivos los pagos bajo pena de privación de libertad. Pese a no haberse personado como acusación en el juicio, en este caso la Consejería de Medio Ambiente ha conseguido una “recompensa” en forma de justicia gracias al trabajo de un desinteresado colectivo que lucha por la conservación de nuestros ríos.

Desgraciadamente, hechos como éste demuestran una vez más la dificultades que encuentra la Administración para velar por nuestros ríos. En la práctica esto se traduce en que verdaderamente quien se encarga de vigilar y denunciar (al margen del SEPRONA) siguen siendo las sociedades de pescadores. Se ha llegado a un punto en que sólo a través de ellas se consiguen cosas importantes como la limpieza de márgenes, preparación de frezaderos o incluso repoblaciones. En unos casos hechas por ellas mismas, y en otros facilitadas por las administraciones competentes en medio ambiente. A pesar de que vivimos en un país en el que el agua es un bien de propiedad y gestión pública, el Estado no es siempre quien realmente ejerce como tal, sabedor de que este trabajo en muchas ocasiones se hace mejor a través de clubes o sociedades que en la mayoría de los casos no perciben nada por ello salvo los medios para llevarlo a cabo. Sigue siendo un contrasentido decir que el agua es pública pero que se “gestiona” de una manera semiprivada, cuando esta situación se da únicamente por la imposibilidad de la Administración de hacer frente a muchas actuaciones necesarias para la conservación de nuestros ríos. Es necesario hacer un merecido reconocimiento a asociaciones como la mencionada para darse cuenta del trabajo que hacen, casi siempre con el único interés de que siga habiendo peces.