Se trata de una figura de protección contemplada en el artículo 25 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, y que en la práctica supone la conservación de los ríos en su estado natural, prohibiéndose, entre otras cosas, otorgar autorizaciones o concesiones.

Según el responsable del Programa de Aguas de WWF/Adena, Guido Schmidt, “España ya cuenta con más de 1.300 grandes embalses y apenas quedan ríos sin fragmentar”, por lo que afirma que “los políticos tienen la responsabilidad de conservar ahora los últimos ríos que quedan en estado natural y promover su restauración ambiental”.

El río Almonte es uno de los cursos fluviales mejor conservados de nuestro país y en este momento está libre de cualquier tipo de regulación. Además, atraviesa zonas de gran valor biológico, ha sido catalogado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), y mantiene 16 hábitats y siete especies de interés comunitario.